viernes, 26 de junio de 2015

Javier Bello explica la denuncia que originó la Operación Flauta en Alcalá

Ante las informaciones publicadas en relación a la denominada por la Policía ‘Operación Flauta’, Javier Bello, ex alcalde de Alcalá y portavoz del PP en Alcalá, compareció ante los medios de comunicación, en la que reconoció que denunció los hechos que provocaron la investigación en noviembre de 2014, después de que "varias las personas/empresas pusieron en mi conocimiento la existencia de lo que en ese momento parecían evidentes irregularidades en la contratación habida con distintas áreas de Festejos".

Bello no abundó en detalles de las investigaciones, sometido al secreto judicial, y afirmó que casi nadie conocía esta decisión por recomendación de los investigadores, que también le aconsejaron seguir con la tónica habitual para no levantar sospechas, motivo por el cual no tomó ninguna decisión dentro de su equipo de Gobierno.  Sí reconoció que desde entonces estuvo más pendiente y llevó a cabo la renovación de la lista electoral.

Ante la posibilidad de que una de las empresas investigadas organizaran las fiestas navideñas de ese mismo año, Bello se remitió al secreto sumarial para no abundar en detalles. El ex alcalde reconoció que no fue una decisión fácil, ni se considera "un modelo" por haber denunciado estos hechos ante la Brigada Provincial de Policía, pese a "soportar" durante meses "un acoso mediático hacia mi persona".
Insistió en que ha denunciado hechos y no a personas ni a empresas determinadas, "siendo la Policía o autoridad judicial en su caso, la única competente a la hora de identificar quién o quiénes tienen vinculación con estos hechos y el grado de responsabilidad en los mismos" y pidió en cualquier caso, "prudencia y respeto al legítimo derecho a la presunción de inocencia de todas las personas y empresas investigadas". "Quiero recordar que estar investigado o ser imputado no es ser condenado. Por favor, respeten las actuaciones judiciales hasta que éstas determinen las responsabilidades", explicó.

Además, Bello explicó que por este mismo motivo no pudo facilitar toda la información que le solicitaban en la comisión municipal sobre el Caso Púnica y lanzó para "los que ahora reclaman responsabilidad y colaboración con la investigación sólo decirles que quizá llegan con ocho meses de retraso".

Se trata desde luego una bomba de relojería que se prolongará durante los próximos meses, lo que dure la  investigación y las posibles diligencias judiciales. De momento, afirmó estar "tranquilo" y que no piensa dejar el cargo de portavoz. "Desde un punto de vista personal, debo decir que no fue entonces, ni ha sido hasta ahora, una decisión fácil, por ser conocedor de la posible repercusión negativa para compañeros de la Corporación; una vez más, entendí que la responsabilidad institucional está muy por encima de cualquier compromiso o cuestión de índole personal", concluyó.
 
Lea el comunicado completo:

“El pasado 17 de noviembre de 2014 comparecí ante la Brigada Provincial de Policía Judicial para dar cuenta de una serie de hechos de los que tuve conocimiento a través de varias fuentes y, especialmente, a raíz de las informaciones sobre la denominada Operación Púnica.

Con anterioridad a esa fecha, fueron varias las personas/empresas que pusieron en mi conocimiento la existencia de lo que en ese momento parecían evidentes irregularidades en la contratación habida con distintas áreas de Festejos.

Como no podía ser de otra manera, y tras recabar toda la información de la que podíamos disponer en el Ayuntamiento, se valoró con los servicios jurídicos municipales y la Intervención municipal la trascendencia de las mismas en el orden administrativo.


Tras esa consulta a los servicios jurídicos municipales, y por cuanto los hechos podían tener una trascendencia más allá de esa aparente irregularidad administrativa, siendo además para su esclarecimiento necesario recabar información de personas y empresas de la que no se disponía en el Ayuntamiento ni medios para obtenerla, tomé la decisión de poner estos hechos en conocimiento de la Policía.

En primer lugar, entendía y entiendo que es una decisión obligada para cualquier ciudadano que pueda conocer hechos de este tipo. Máxime, para quien entonces era alcalde de la ciudad al ser hechos relacionados con la gestión municipal.

Insisto en que la denuncia o puesta en conocimiento se refiere a hechos. En ningún caso, ésta se dirige contra personas o empresas concretas, siendo la Policía o autoridad judicial en su caso, la única competente a la hora de identificar quién o quiénes tienen vinculación con estos hechos y el grado de responsabilidad en los mismos.

En ese momento era consciente tanto de la importancia de dicha decisión como de las posibles consecuencias que podían derivarse de la misma, consecuencias desconocidas y que podrían llegar en un momento delicado, puesto que, además de encararse un año electoral, se estaba planteando una comisión de investigación relativa al asunto Púnica en el propio Ayuntamiento. Comisión en la que, por recomendación policial, no pude facilitar más información de la dada para no perjudicar la investigación en curso.

En cuanto a las repercusiones políticas, esta actuación se basó y se basa en la defensa radical de los principios de transparencia y tolerancia cero a cualquier comportamiento irregular y en mi intención, ya anunciada entonces, de llegar hasta el final. Quizá ahora entiendan ciertas expresiones y las constaten.

Para quienes ahora reclaman responsabilidad y colaboración con la investigación sólo decirles que quizá llegan con ocho meses de retraso.

Desde un punto de vista personal, debo decir que no fue entonces, ni ha sido hasta ahora, una decisión fácil, por ser conocedor de la posible repercusión negativa para compañeros de la Corporación; una vez más, entendí que la responsabilidad institucional está muy por encima de cualquier compromiso o cuestión de índole personal.

Por expresa indicación de quien estaba investigando, de esta cuestión eran solo conocedoras dos personas, opacidad que además entendí beneficiaba a quienes podían verse investigados al no trascender lo que era y, a fecha de hoy, sólo es una investigación, entonces policial hoy ya judicial.

Aprovecho para pedir desde aquí, prudencia y respeto al legítimo derecho a la presunción de inocencia de todas las personas y empresas investigadas. Quiero recordar que estar investigado o ser imputado no es ser condenado. Por favor, respeten las actuaciones judiciales hasta que éstas determinen las responsabilidades.

Por absoluto respeto al todavía secreto de sumario, entiendan no pueda facilitar en este momento información más allá de la que motivó mi decisión y realidad de su existencia, información con la que obviamente contaba a resultas de los avances la investigación”.

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